La creación del Estado franquista

1. LA CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA

Tras la Guerra Civil, España se encontraba económica y socialmente destrozada. La paz, fruto de la victoria militar sobre el adversario y no de una negociación, permitió a los vencedores imponer sus condiciones. El nuevo régimen, que emprendió una feroz represión, se dispuso a implantar un nuevo sistema político, ideológico y social de raíz fascista, basado en el poder personal de Franco.

1.1. Ideología y caracterización del régimen franquista

Un Estado totalitario. Los principios políticos del franquismo se basaban en la concentración de todos los poderes en Franco: Jefe del Estado, Jefe de Gobierno, Jefe del Movimiento y generalísimo de los Ejércitos. Aunque este era el fundamento real del régimen, se acompañó de un aparato ideológico que tendría como rasgos más reseñables su anticomunismo y antiliberalismo; el catolicismo -que otorgó un gran poder a la Iglesia a cambio de la legitimidad que ésta aportó al régimen-; y tradicionalismo, entendido como vuelta a la esencia de lo español, que tenía su mejor expresión en la España Imperial y la de los Reyes Católicos, cuyos signos se adoptaron y cuya historia era continuamente ensalzada, modelo de gloria y unidad para la patria, mientras que la España contemporánea, con el triunfo del liberalismo, solo era un despropósito de errores a olvidar.

Un régimen de partido único. Para institucionalizar el nuevo Estado, el franquismo se valió de FET y de las JONS (Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), el partido único creado en 1937, cuando el Decreto de Unificación integró a todos los grupos que habían apoyado la insurrección militar (carlistas, alfonsinos, falangistas, etc.) . Subordinada a Franco, suministraba los cuadros dirigentes y permitía encuadrar a la población, a la vez que adoctrinarla, en nuestra peculiar democracia “orgánica”. Formaba el llamado “Movimiento Nacional”, integrado también por los sindicatos verticales, la Organización Sindical, de obligada filiación. Esta organización social y política se autodefinía como democracia orgánica, basada en la familia, el municipio y el sindicato, unidades naturales que representaban a la sociedad, en un fiel reflejo del corporativismo fascista. Es decir, frente al sufragio directo e individual de la democracia occidental -calificada peyorativamente como inorgánica-, se defendía el sufragio indirecto y corporativo; y el partido único frente al pluripartidismo democrático.

Los apoyos políticos y sociales: las “familias” del Régimen. El dictador se rodeo de una serie de grupos de poder, denominados “familias”, entre los que procuró mantener siempre un equilibrio:
• El Ejército fue siempre la columna vertebral del régimen, protagonista indiscutible del “alzamiento” y del triunfo en la guerra. Sus altos mandos estuvieron siempre presentes en los gobiernos y ocuparon las carteras relacionadas con la defensa del Estado. Como encargado de velar por el orden franquista, el Ejército ejerció jurisdicción sobre los delitos de opinión, siendo militares los tribunales que juzgaban los delitos políticos. Los valores militares (disciplina, jerarquía, orden) y la simbología castrense (desfiles, uniformes, actos de exaltación a la bandera) tuvieron un papel destacado en todas las manifestaciones del régimen.
• Falange proporcionó al régimen su ideología y sus símbolos, además de las organizaciones que permitían encuadrar a toda la sociedad: los jóvenes en el Frente de Juventudes, las mujeres en la Sección Femenina, los trabajadores en la Organización Sindical, etc. En los años 40 fue el principal grupo de poder, con el cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer, al frente, pero tras la derrota del fascismo en la II Guerra Mundial, su influencia fue decayendo, y su organización, bajo el férreo control del Caudillo, fue utilizada convenientemente por éste en su provecho.
• La Iglesia católica se identificó plenamente con Franco, al que concedió el inaudito privilegio de entrar bajo palio en los recintos sagrados. Su dominio sobre la sociedad fue total; la enseñanza religiosa pasó a ser obligatoria en todos los niveles, incluida la universidad, y su moral se impuso incluso en el ámbito privado. Se mantenía de los presupuestos del Estado, que no permitía ningún otro culto, y proporcionó cuadros dirigentes a través de la ACNP (Asociación Católica Nacional de Propagandistas) y, posteriormente, del Opus Dei, organización ultraconservadora a la que pertenecían los tecnócratas que dirigieron la apertura al exterior desde los años 60. Los prelados formaban parte de las Cortes franquistas y estaban presentes en los actos oficiales, inauguraciones, etc. bendiciendo con su presencia dichos actos. En definitiva, el franquismo se apoyó en el nacional-catolicismo cuando, terminada la II Guerra Mundial, tuvo que evitar la vinculación con el fascismo.

Por lo que respecta a los apoyos sociales, respaldaron al régimen los grandes propietarios agrícolas, industriales y banqueros, quienes recuperaron su hegemonía económica, social y política. A este núcleo se fueron sumando las clases medias rurales y la pequeña burguesía urbana. Surgió, además, una clase de nuevos ricos cuya fortuna procedía del estraperlo en el mercado negro, y por tanto su propia existencia sólo era posible por la corrupción permitida por el régimen. Por otra parte, la fuerte represión y las duras condiciones de vida impedían cualquier contestación de la clase obrera, y el régimen consiguió que el “apoliticismo” se extendiera entre la mayor parte de la población.

Los valores del “nacional-catolicismo”. La Iglesia y el Movimiento se encargaron del adoctrinamiento político-ideológico de los españoles a través de la propaganda, la educación y la censura. La moral católica se impuso en espacios públicos y privados. Los sacerdotes establecían en sus homilías el largo de faldas y escotes, condenaban bailes y diversiones por pecaminosos, catalogaban las películas, censuraban las publicaciones y otorgaban certificados de buena conducta sin los que era imposible conseguir un trabajo, y relegaron a las mujeres al papel de sumisas esposas y madres, que debían ser siempre sacrificadas y devotas.
Por su parte, Falange se encargó de trasmitir la doctrina política del franquismo a los jóvenes través de la “Formación del Espíritu Nacional”, asignatura obligada en los centros de enseñanza. Los medios de comunicación, controlados por el aparato del Estado, trasmitían las noticias convenientemente filtradas. Radio Nacional de España, nacida durante la guerra como órgano de propaganda del bando nacional y principal medio de comunicación de masas, monopolizó hasta 1977 la información, que emitía a través del “parte”, recuerdo de los tiempos de la guerra.
La figura de Franco fue exaltada hasta el ridículo, presentado como un ser superior sin el que los españoles estarían perdidos. Convertido en “caudillo por la gracia de Dios”, como rezaba en las monedas, su llegada al poder había salvado a España de las garras del comunismo, la masonería y demás amenazas extranjeras, para devolver al país más católico de Europa, “el más querido por el Corazón de Jesús”, su papel trascendente en la Historia. El retrato de Franco y los símbolos falangistas adornaban calles, escuelas, edificios públicos, etc. y el himno de Falange, el Cara al Sol se entonaba en esos mismos espacios con asiduidad.

Las Leyes Fundamentales. A falta de una constitución, el franquismo basó su ordenamiento jurídico en las siete Leyes Fundamentales promulgadas entre 1938 y 1967, que reflejan, a la vez, la adaptación del régimen a las circunstancias internacionales:
• El Fuero del Trabajo (1938); aprobado en plena Guerra Civil, regulaba las relaciones laborales según los fundamentos ideológicos de Falange, prohibiendo las huelgas y la sindicación libre.
• Ley de Cortes (1942); creaba las Cortes Españolas, meramente consultivas, formadas por procuradores natos (alcaldes, ministros, jerarquía eclesiástica, etc.), los nombrados por Franco y los designados por los sindicatos verticales.
• Fuero de los Españoles (1945); declaración de derechos y deberes, sin garantías, y que el gobierno podía suspender cuando lo considerase oportuno. Fue una respuesta a la condena internacional al régimen una vez concluida la II Guerra Mundial, como simulacro de apertura hacia la democracia.
• Ley de Referéndum Nacional (1945); por la que se podía someter a referéndum las cuestiones que el Jefe del Estado considerase oportunas.
• Ley de Sucesión (1947); definía a España como un “Estado católico, social y representativo que se constituye en Reino” y autorizaba a Franco, como Jefe de Estado vitalicio, a nombrar sucesor. Esta ley alejó del régimen a los monárquicos, que veían postergados los derechos de D. Juan de Borbón. Fue una respuesta al Manifiesto de Lausana (1945), en el que D. Juan había abogado por la vuelta a la monarquía constitucional y condenado el totalitarismo franquista.
• Ley de Principios Fundamentales del Movimiento (1958); calificaba al Estado de monarquía tradicional, católica, social y representativa, y reconocía como cauces de participación política la familia, el municipio y el sindicato.
• Ley Orgánica del Estado (1967); que definía el sistema político español como una “democracia orgánica”, reafirmaba los principios del Movimiento y establecía que en las Cortes hubiera un tercio de procuradores electivos, representantes de las familias.

1.2. La represión

El triunfo de Franco dio lugar a una dura represión contra los perdedores de la Guerra Civil. El medio millón de españoles que se exiliaron corrieron distintas suertes, en el mejor caso acabaron en Hispanoamérica; en el peor, en los campos de exterminio nazis. En el interior, se mantuvo el estado de guerra hasta 1948 y los tribunales militares aplicaron con dureza la legislación represiva.
La Ley de Responsabilidades Políticas (1939), la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940) y la Ley para la Seguridad del Estado (1941) perseguían a quienes eran sospechosos de afinidad con la República. Por la primera, aplicada con carácter retroactivo, se condenó “por rebelión miliar” a quienes habían apoyado al legítimo gobierno republicano, a los militantes de partidos y sindicatos, a las autoridades o a los militares que no se sumaron al pronunciamiento militar. El objetivo era borrar toda huella republicana. Los delitos de opinión eran juzgados por tribunales militares y, en aplicación de sus sentencias, fueron ejecutadas entre 35.000 y 50.000 personas al acabar la guerra, mientras que unos 300.000 presos políticos llenaban las cárceles y los campos de trabajo. Con ellos se construyeron carreteras o monumentos a la “Victoria”, como el Valle de los Caídos. Además, miles de funcionarios republicanos fueron depurados y sustituidos por “adeptos” al régimen.
La sociedad, conservadora, católica y rural, vivía sumida en el miedo y el rígido control de la moral y costumbres impuestos por la Iglesia y el Movimiento. La falta de libertades y el control de los medios de comunicación mediante la censura impedían la más mínima disidencia. Además, el adoctrinamiento de la población en los principios del Movimiento a través de las organizaciones falangistas, la Iglesia y la educación, eran totales.
Eliminada de esta forma la oposición, prohibidos los partidos y sindicatos, la única resistencia durante estos años estuvo representada por los maquis (unos 10.000 individuos), guerrillas organizadas y armadas por comunistas y anarquistas, refugiados en las áreas montañosas, con la esperanza puesta en una intervención de las potencias democráticas. La aceptación del régimen franquista por el bloque occidental al iniciarse la década de los 50, puso de manifiesto la inviabilidad de este objetivo.
En el exterior, el gobierno republicano se reorganizó en el exilio mexicano desde 1945, pero su división interna y la falta de contacto con la Península fueron las principales causas de su debilidad. A partir de los años 50 surgirá paulatinamente una oposición interior, de carácter más social que político, que tomará el relevo del maquis y de la oposición en el exilio.

1.3. La política exterior

La II Guerra Mundial. Al acabar la Guerra Civil, la II Guerra Mundial enfrentaba a Europa. Durante los primeros momentos, cuando las potencias del Eje parecían hegemónicas, España se declaró primero neutral y después “no beligerante”, pero sin dejar de manifestar su simpatías por el bloque fascista, con el que colaboró proporcionando materias primas, espionaje, e incluso soldados -la División Azul del frente ruso-, en una política pro-fascista dirigida por el ministro de Asuntos Exteriores, R. Serrano Suñer. Sus excesivas pretensiones, que incluían recibir suministros alemanes y quedarse con las colonias francesas del norte de África, impidieron un acuerdo mayor con Hitler, con el que Franco se entrevistó y firmó un acuerdo secreto en 1940, en su entrevista de Hendaya.

El aislamiento. La derrota de Alemania e Italia, pese al distanciamiento español en los últimos momentos de la guerra, y el carácter totalitario del régimen franquista, llevaron al aislamiento internacional durante los años 40 y 50. España no fue admitida en la recién creada ONU hasta 1955 y, durante la década de los 40, la práctica totalidad de los países – salvo el Vaticano, Argentina y Portugal- retiraron a sus embajadores.

El incipiente aperturismo. En los 50, el clima de la Guerra Fría favoreció al régimen, caracterizado por su anticomunismo. Se produjo el acercamiento al bloque occidental y la tímida apertura económica al exterior, sobre todo gracias a los acuerdos con EEUU que aportaron ayuda económica y diplomática. El catolicismo y la democracia orgánica sustituyeron al predominio falangista anterior. Así, a partir de 1950 se reanudaron las relaciones diplomáticas al revocar la ONU su recomendación de aislamiento y en 1955 España era admitida en ese organismo internacional, rompiéndose de ese modo el aislamiento. Previamente, se habían firmado en 1953 tanto el Concordato con la Santa Sede –que reconocía los privilegios concedidos por el franquismo a la Iglesia católica- como el Pacto de Madrid con EEUU, por el que se establecían las bases militares norteamericanas en España a cambio de la ayuda económica y militar de aquel país (materias primas y alimentos, además de 1.500 millones de dólares). Como consecuencia interna, los falangistas perdieron peso en los gobiernos de Franco para ser sustituidos por ministros vinculados a los movimientos católicos (ACNP y Opus Dei).

1.4. La autarquía económica

El hambre y las cartillas de racionamiento, además de un mercado negro de precios desorbitados, caracterizan a la posguerra. Urgía la recuperación económica del país y para ello se optó por la autarquía (política económica, de inspiración fascista, basada en la independencia con respecto al mercado exterior) . El contexto internacional, primero de guerra y después de aislamiento político, obligó hasta cierto punto a adoptar esta política de autosubsistencia.

La agricultura, que siguió siendo la actividad fundamental, mantuvo sus estructuras arcaicas y su baja productividad, lo que, junto a una “pertinaz sequía” provocó carestía y problemas de abastecimiento. Para asegurar este, el Servicio Nacional del Trigo obligaba a los productores a entregar al Estado los excedentes a precio tasado, para distribuirlos posteriormente mediante las cartillas de racionamiento, que fijaban raciones diarias para cada artículo, y que se mantuvieron hasta 1952. Pero este sistema incentivaba el estraperlo, nombre que se dio al mercado negro, donde se desviaba casi el 40% de la producción agrícola. La miseria y el hambre serían los rasgos más destacados de la posguerra.
El intervencionismo del Estado se hizo imperante en la industria. Mediante la Ley de Protección y Fomento de la Industria Nacional (1939) se pretendió impulsar la producción y reducir las importaciones. El Estado planificaba la actividad económica, fijaba precios y promovía empresas a través del Instituto Nacional de Industria (1941), que facilitaba créditos y subvenciones a los sectores considerados estratégicos. También se crearon empresas estatales (RENFE, ENDESA, SEAT, Bazán, etc.) y se nacionalizaron otras (Telefónica y RENFE). Pero la falta de materias primas, maquinaria, combustible y capitales, provocaron un profundo estancamiento y graves problemas de abastecimiento. Además, el mercado era muy limitado debido a la pobreza generalizada.
El comercio exterior estuvo bajo el control estatal, cuya autorización expresa era imprescindible para las importaciones, lo que dio lugar a la corrupción. Además, la escasez de divisas y el cambio sobrevalorado de la peseta hacían excesivamente caras estas importaciones.
Con tantas restricciones, el desarrollo económico era imposible, y ello a pesar de contar con una abundante mano de obra mal pagada y desmovilizada. Como consecuencia, aumentó la inflación y el déficit de la balanza de pagos, además de la miseria entre la población. La renta nacional y per capita se mantuvo a un nivel inferior al de 1935 hasta la década de los 50.