3.1. La oposición
A partir de los 60, los movimientos sociales empiezan a contestar al régimen. Los sindicatos clandestinos (Comisiones Obreras, Unión Sindical Obrera) se infiltran en el sindicalismo vertical para impulsar las reivindicaciones laborales en un contexto de desarrollo industrial. El movimiento estudiantil, donde el PCE y el FLP (Frante de Liberación Popular, popularmente conocido como el "felipe") encontrarán amplio eco, utiliza la misma táctica. En la Iglesia, la doctrina surgida del Concilio Vaticano II lleva a un distanciamiento, primero de las bases: JOC (Juventudes Obreras Católicas), HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) después, incluso de algunos miembros de la jerarquía, como el Cardenal Tarancón; el “asunto Añoveros” incluso colocó al régimen a un paso de la ruptura de relaciones con el Vaticano.
Desde finales de los 60 se unirá la oposición política, con el PCE como partido más activo; el PSOE, que debió superar primero sus disensiones internas, y otros partidos más radicales de izquierdas (ORT, MC, LCR , etc.), además de grupos terroristas como el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y GRAPO (Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre). También la derecha se colocó frente al régimen; los democristianos de Gil Robles serían los protagonistas del Congreso de Munich de 1962, donde demandaron la vuelta a la democracia. El franquismo condenó ácidamente la reunión, calificada como el “contubernio de Munich”, encarcelando a su vuelta a los participantes. Por otra parte, resurgió el nacionalismo, en cuyo seno nacieron grupos terroristas, como ETA.
3.2. El tardo franquismo
Los últimos años del franquismo se caracterizaron por la división interna entre quieres eran partidarios de cierta liberalización política, -los aperturistas como Fraga o Areilza-, y los inmovilistas -el “bunker”-, que defendían el mantenimiento del franquismo sin cambio alguno. Con el deseo de garantizar esta continuidad Franco, ya octogenario y enfermo, renunció a las funciones de presidente de gobierno y nombró para este cargo al almirante Luis Carrero Blanco en 1973, que sería asesinado por ETA seis meses después. Su sucesor, Carlos Arias Navarro, aunque presentó un programa de gobierno teóricamente aperturista, adoptó una política inmovilista. Durante su gobierno, se incrementó la actividad de la oposición y la represión para combatirla. El régimen, que se sabe débil, recurrirá a la persecución judicial, como el Proceso 1001 contra líderes de Comisiones Obreras; o a la aplicación de la pena de muerte, con el Proceso de Burgos (1970) contra terroristas de ETA, la ejecución del anarquista catalán Salvador Puig Antich (1974) y de miembros de ETA y del FRAP, cinco de los cuales serían ejecutados en septiembre de 1975 en medio de las protestas internacionales.
La debilidad del régimen se apreciaba también en la política exterior. La descolonización, que se había iniciado con la independencia del Protectorado de Marruecos en 1956 y de Guinea Ecuatorial en 1968, debía culminar con la del Sahara Español, reclamada por el Frente Polisario. Pero las ambiciones marroquíes sobre esta zona llevaron a Hasan II a organizar la Marcha Verde (1975) mientras Franco agonizaba. Para evitar la guerra, el gobierno español firmó, casi a escondidas, el Acuerdo de Madrid por el que abandonaba a su antigua colonia, repartida entre Marruecos y Mauritania, dando comienzo a un conflicto aún no resuelto.
La oposición creciente a un régimen anacrónico y en el que no se vislumbraban intenciones de cambio -pese al terrorismo, la crisis económica, las condenas y el aislamiento internacional- se organizó en torno a la Junta Democrática, liderada por el Partido Comunista, y la Plataforma de Convergencia Democrática, bajo dirección del PSOE. Ambas actuaron conjuntamente a partir de octubre de 1975 (por lo que se le conoció popularmente como la “Platajunta”) en la defensa de la ruptura democrática con el franquismo. Ese decir, concebían la transición como un proceso llevado a cabo por la oposición que, formando un gobierno provisional, decretaría una amnistía política, legalizaría a partidos y sindicatos y reconocería los derechos básicos, como medidas previas a la convocatoria de elecciones libres. El nuevo sistema político, monarquía o república, debía ser elegido por los ciudadanos en referéndum.
A pesar del respaldo social que la oposición fue recabando, el franquismo solo moriría con el propio dictador y el sistema democrático no fue fruto de una ruptura, sino de un proceso pactado entre la oposición y los herederos del franquismo que llevaría, durante la Transición, al restablecimiento de la democracia.
3. EL FINAL DEL FRANQUISMO
